Saltapatrás
Julián Parra Ibarra
Uno de los organismos que mayor credibilidad habían logrado entre los ciudadanos de nuestro país en los últimos años era el Instituto Federal Electoral, luego que se logró la imagen de ser un órgano ciudadanizado, y que alcanzó su punto más alto en el ‘rating’ de popularidad y confianza durante el periodo que lo presidió José Woldenberg.
Su sustituto, Luis Carlos Ugalde, se encargó de tirar por la borda en una sola elección, la confianza y la credibilidad que el IFE había logrado, en la presidencial del 2006 cuando Felipe Calderón llegó a la Presidencia de la República de una manera sumamente cuestionada, como igual de cuestionado fue todo el proceso que le antecedió a la jornada comicial.
Con el tiempo, han empezado salir a flote muchas de las inmundicias que se gestaron en rededor de la campaña para suceder a Vicente Fox. Las propias autoridades electorales –a toro pasado- reconocieron que Fox había puesto en riesgo la elección por sus constantes intromisiones y, recientemente en su libro ‘Así lo viví’, Luis Carlos Ugalde confiesa que recibió fuertes presiones el día de la elección para que saliera apresuradamente, y lo hizo, a declarar ganador o al menos con ventaja a Felipe Calderón.
Lo que ha venido sucediendo al IFE, o mejor dicho lo que han venido haciendo con el IFE, ha sido colocarlo en un tobogán, del cual todavía no termina de salir, y que al por el rumbo y el ritmo de de descomposición que lleva, creo que tendrá como punto de llegada el descrédito total y el desmoronamiento de la imagen de un organismo que tanto trabajo costó hacerlo confiable ante los ciudadanos, en un país en el que una de las principales divisas es la desconfianza, en todo y en todos.
No sabría decirlo con certeza, pero me parece que todo comenzó a podrirse cuando se permitió que en medio de una rebatinga, los partidos políticos iniciaran la disputa por la designación de los Consejeros Electorales. Es decir, los partidos políticos decidiendo quienes deben ser las personas que van a aplicar las leyes electorales a los partidos políticos ¿Suena eso lógico, ético y transparente? No sé si usted me lo valga, pero sería tanto como dejar en manos de los narcotraficantes, la decisión de nombrar a los jueces que aplicarán la ley a los narcotraficantes ¿Le suena eso congruente? Como que algo no está bien.
Encima, como consecuencia de la más reciente reforma electoral –rechazada únicamente por Coahuila de entre todos los estados del país-, los Consejeros del IFE, moneda de cambio de los intereses de los partidos políticos y ocupantes de esos puestos como pago de cuota del poderío de los principales partidos en nuestro país, han iniciado una ofensiva para coartar de manera peligrosa, uno de los principales derechos consagrados en la Constitución: la libertad de expresión.
Primero fue contra los medios electrónicos, y Coahuila fue el laboratorio en el que se experimentó esa ‘Ley Mordaza’ con las sanciones impuestas a tres radiodifusores coahuilenses. Aunque al final ese fue el resultado que no debiera asombrarnos, porque la Ley misma desde la elaboración de las modificaciones que se incluirían a la reforma, advertía su carácter y calidad de intimidatoria, de amenazante, de retrógrada.
Porque en Coahuila no se le aceptó, pero la intención del IFE era ‘tirar línea’ a todos los noticieros de radio y televisión, a quién sí y a quién no entrevistar, qué preguntarles y qué no, y cuidar hasta los gestos y la intensidad de las palabras de los conductores y periodistas, que podrían ser interpretados como ofensivos por algunos políticos y funcionarios.
Ahora, el IFE ha dictado las reglas para los medios impresos: igual ningún particular, partido o candidato podrá contratar directamente publicidad política, ya que el monopolio lo ostenta el IFE, según regalo que le dieron los legisladores federales. Las publicaciones deberán ir enmarcadas, con marco grueso, y se deberá utilizar una tipografía muy distinta a la que regularmente emplea en sus textos periodísticos cada uno de los medios.
Recientemente, el organismo que se supone fue creado para la preparación, organización y ejecución de campañas electorales en nuestro país, decidió imponer una multa económica a los partidos que integran el FAP, el Frente Amplio Progresista, es decir los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, por el bloqueo que mantuvieron sobre la avenida Reforma de la capital de la república en el 2006, como acto de protesta por los resultados de las elección presidenciales.
Y, todavía más recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ‘ordenó’ al IFE aplicar una sanción económica al PAN, PRI y PVEM, porque casi tres años después, encontró que era ilegal la campaña del Consejo Coordinador Empresarial, considerada atentatoria contra del entonces candidato López Obrador.
Es decir, te sanciono Juan, por lo que hizo Luis ¿Le suena eso lógico, congruente, ético? Y el argumento es que porque los ahora amenazados de ser sancionados, según el Tribunal Electoral, fueron los principales beneficiarios de una campaña ilegal del empresariado de este país. A ver déjeme ver si lo estoy entendiendo bien:
Un ciudadano ‘equis’ –lo cual tristemente es algo cada vez más común en nuestro querido México-, es secuestrado y los secuestradores tras el cobro del rescate no lo liberan, sino que lo asesinan. La familia, su esposa, es la heredera universal de todos sus bienes y además es la principal beneficiaria de sus seguros de vida ¿Entonces hay qué encarcelar o por lo menos sancionar económicamente a la viuda, porque fue la principal beneficiaria por la muerte de su marido?
No me gusta ser ‘abogado del diablo’, es más ni siquiera soy abogado como para saber si en realidad la campaña del Consejo Coordinador Empresarial fue o no ilegal, pero lo que sí me queda muy claro es que la más importante de las libertades que los mexicanos podemos disfrutar y ejercer porque así está consagrado en nuestra Carta Magna, hoy viene siendo pisoteado y está peligrosamente amenazado por una horda de c…onsejeros electorales.
Al paso que vamos, no se extrañe si al conducir ebrio lo detiene un consejero electoral en vez de un policía, y lo sancione en lugar del Departamento de Tránsito, el IFE. Para allá va la cosa, total multa por todo, hasta por bloquear calles. Esta transición del IFE más que una evolución, me parece una involución, un retroceso. Es cómo decíamos de chavos en el barrio, un ‘saltapatrás’.