Ernesto Villanueva

La amenaza que tiene frente a sí el Estado mexicano de ser desbordado por el crimen organizado (lo que por momentos ocurre) ha causado tal desesperación que ahora se intenta volver invisible a la fiscal antisecuestros de la PGR para que pueda cumplir con su función. Ello pone de relieve la caricatura que se está haciendo de la PGR, en donde la retórica es más fuerte que los resultados. Eduardo Medina Mora es aparentemente un buen y esforzado hombre, pero en el cargo de procurador se requiere algo más que eso. Veamos.

Primero. La Procuraduría General de la República ha puesto en marcha una política de comunicación para privilegiar la secrecía sobre la información en torno a la fiscal de la Unidad de Investigación Especializada contra Secuestros, Nicandra Castro Escarpulli. El argumento del procurador es que se pone en riesgo su integridad física, lo cual significa que la autoridad prioriza al servidor público sobre la seguridad de los gobernados: el mundo al revés.

Han asesinado a algunos jefes policiacos, recuerda el procurador, pero nada dice en cambio de las miles de víctimas inocentes que han sido privadas de su vida porque la PGR no ha hecho su trabajo conforme a derecho. ¿Por qué en el pasado no ocurría lo que hoy sucede en la PGR? Ahora, presas del pánico, los mandos superiores de la PGR se protegen ellos mismos, bajo el principio de que en el camino de dar seguridad a la sociedad se empieza, por supuesto, por los de casa. Faltaba más.

Si alguien busca en el directorio de la PGR quién es Nicandra Castro Escarpulli, la respuesta es que no hay nadie con ese nombre. En las entrevistas con los medios, ella da la espalda a la sociedad y no muestra la cara. Es curioso cómo el procurador Medina pide a los mexicanos que confíen en Nicandra, como si sólo un acto de fe pudiera disolver la desconfianza acumulada de la sociedad en las autoridades de procuración de justicia. Por el contrario, un punto de partida para regenerar los lazos de confianza entre autoridad y gobernados consiste en conocer las credenciales profesionales de los estrategas y jefes policiacos que van a hacer frente a los malos.

Segundo. Resulta que ese enigmático personaje que, al estilo de Batman, vino a hacer justicia y a salvarnos de todos los males, es una mujer nacida en el Distrito Federal el 20 de agosto de 1956. Estudió su carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo su título de licenciatura, y consiguió después tres diplomados y una maestría en ciencias penales. Su experiencia en el ámbito penal inició el primero de noviembre de 1998 como directora técnica de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México, de donde salió seis meses después. Ingresó a la PGR en septiembre de 1999 a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, como agente del Ministerio Público de la Federación. Ahí ha hecho toda una carrera burocrática. De 2001 a 2004 estuvo como directora y directora general en la Visitaduría General, en labores técnico-jurídicas. A partir de agosto de 2005 se incorporó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde se mantiene.

En 2004, Nicandra tenía un ingreso neto mensual de 120 mil pesos mensuales y hoy sigue ayudando a México por la módica suma de 189 mil pesos al mes. De acuerdo con sus declaraciones de situación patrimonial que obran en la Secretaría de la Función Pública, ha adquirido al menos tres bienes inmuebles, dos autos y cuatro cuentas bancarias, una de ellas de inversión, y algunas joyas.

Tercero. En 2002 y 2003, Nicandra Castro Escarpulli cursó capacitaciones exprés sobre anticorrupción y deontología dentro de la PGR para que no doblegaran su espíritu y, por el contrario, recibiera la preparación necesaria para salvar a la patria.

Los ingresos y situación de Nicandra nos llevaron a analizar lo que ocurre en otros países cercanos con fuertes índices de inseguridad. Encontramos que en todos ellos la autoridad da la cara a los gobernados. Tal es el caso del titular de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión de Colombia, Guillermo Aníbal Ortega Beltrán. Lo mismo pasa en la tierra de la Mara Salvatrucha, El Salvador, donde Rodolfo Antonio Delgado Montes no se esconde de la sociedad a la que sirve. Y eso sucede igualmente en la peligrosa Nicaragua, con Ana Julia Guido. Y qué decir de Honduras, con la fiscal especial de Lucha contra el Crimen Organizado, Xiomara Osorio. Pero Nicandra les gana en algo a todos: tiene ingresos mensuales formales superiores en al menos 400% que los de sus similares de América Latina.

El mal endémico de México es que, día con día, los ciudadanos pagamos más para saber menos y, peor aún, para no tener ningún resultado en el combate al crimen organizado