Ciudad de México  (16 diciembre 2010).- Organizaciones ciudadanas y de la iniciativa privada reclamaron al Presidente Felipe Calderón, al Congreso de la Unión, a los congresos locales, al Poder Judicial y a los Gobernadores por su falta de resultados para disminuir los niveles de inseguridad, violencia e impunidad en el País.En un desplegado firmado por 33 asociaciones, que se publica hoy, los firmantes critican que México llegue al final del año en un contexto creciente de violencia e inseguridad que afecta a todas las capas de la sociedad.

De igual forma, lanzan un llamado a los gobernantes para que resuelvan estos problemas y garanticen las condiciones de seguridad, justicia y legalidad en el País.

Consideran que desatender su llamado sólo aumentará la brecha de desconfianza entre la sociedad y todas las autoridades.

"Los mexicanos vemos con gran frustración que en este año, las autoridades no fueron capaces, una vez más, de poner sobre sus intereses políticos, el bienestar del País y la seguridad de las familias.

"La prioridad que se ha dado en el discurso público al tema seguridad, contrasta con la falta de resultados en la disminución de los índices de inseguridad, violencia e impunidad", reprochan las agrupaciones que integran el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

Al Congreso le imputan que haya dejado sin aprobar las reformas sobre Mando Único policial, contra el lavado de dinero y las leyes reglamentarias a la reforma constitucional en materia penal, entre otras.

Lamentan que los Gobernadores mantengan subejercicios del presupuesto destinado al combate a la criminalidad.

"Los ejecutivos locales prefieren replegarse y evadir su responsabilidad de brindar seguridad a la ciudadanía, argumentando supuestos conflictos de competencia, ante la acción de la delincuencia organizada", señalan.

También critican que en el Consejo Nacional de Seguridad Pública no haya rendición de cuentas ni un espacio realmente efectivo para la participación de la sociedad.

El desplegado es firmado por el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, México Unido contra la Delincuencia, el ICESI, Iluminemos México, la Asociación Alto al Secuestro, la Universidad Iberoamericana, Transparencia Mexicana, Seguridad Justicia y Paz, Sociedad en Movimiento, Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana y Consejo de Participación Ciudadana de la PGR.

También la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, Red de Especialistas en Seguridad Pública, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Insyde, FIMPES, Centro de Estudios Políticos y Sociales, Unión Nacional de Padres de Familia, México Evalúa, Juarenses por la Paz A.C. y Mesa de Seguridad.

Así como Movimiento Pro Vecino, A Favor de lo Mejor, Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UIA, Instituto Mexicano para la Competitividad, Consulta Mitofsky, Observatorio Ciudadano León, Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, Consejo de Seguridad de Coatzacoalcos, Fundación Impulsa por tu Desarrollo A.C., Consejo Consultivo Externo y Ángel Ciudadano.

Se señala también la preocupación de los firmantes por las "anomalías detectadas" en el levantamiento de la Séptima Encuesta sobre Inseguridad.

En entrevista, Luis de la Barreda, director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), reprochó ayer el retiro de recursos para elaborar la citada encuesta.

De acuerdo con el ex ombudsman del Distrito Federal, los recursos del próximo año para asuntos de seguridad ascienden a 107 mil millones de pesos, por lo que la decisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública de no apoyar económicamente la aplicación del estudio obedece a que los resultados del mismo incomodan a algunos Mandatarios estatales.